La información de los órganos jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, que tengan por objeto resolver controversias o aplicar el derecho, cuando el Estado, en cualquiera de sus funciones, como legislativo ejecutivo y judicial sean parte en el juicio o procedimiento, o lo sea alguno de los municipios, algún organismo público descentralizado municipal o estatal, algún organismo público autónomo, y cuando independientemente de esto se comprometan o están en juego sus recursos financieros o los bienes de la hacienda publica del Estado y de los municipios o de sus organismos descentralizados.
Asimismo, la información de los juicios relacionad os con fideicomisos en los que el Estado o los municipios hayan fideicomitido recursos públicos o bienes de la hacienda pública estatal o municipal, o que los fines del fideicomiso lo sea el de administrar tales recursos o bienes.
De la misma manera, y sólo cuando la resolución final haya causado estado, la información contenida en los expedientes de procesos penales seguidos en contra de servidores públicos, tales como en los casos de tortura, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades , concusión, cohecho, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, trafico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, así como delitos cometidos también por servidores públicos en contra de la administración de justicia, y en general, la información contenida en los expediente de procesos penales seguidos en contra de servidores públicos, independientemente de cómo se denomine el delito por el que se haya iniciado el procedimiento o se haya concluido el proceso penal, siempre que alguno de los elementos del tipo penal tenga relación con el ejercicio público o la función que desempeñan tales servidores públicos.
Artículo 7 de La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur
JUICIOS O PROCEDIMIENTOS DONDE ES PARTE EL ESTADO O ALGÚN FIDEICOMISO PÚBLICO
PROCESOS PENALES QUE HAN CAUSADO ESTADO, SEGUIDOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS