En el devenir de los años nos enfrentamos a constantes cambios, de los cuales, paso a paso van dejando huella en el camino, ejemplo de ello es el del Estado Mexicano,
quien a través de los años y primordialmente en estos últimos tiempos, es que se ha venido construyendo un marco normativo jurídico, enfocado en garantizar la igualdad
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Este conjunto de normas se ha hecho presente poco a poco y paso a paso en nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en cada una de las constituciones de cada Estado, sin dejar a un lado la transformación y creación de leyes federales y locales que
de ellas emanan.
En este camino se ha contado con la intervención de organismos multilaterales de cooperación internacional en favor de los derechos de las mujeres,
impulsando la creación de organismos de Estado que impulsen políticas públicas para hacerlos efectivos.
En ese orden de ideas, nuestra Constitución Política
de los estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, título primero, conocido como "derechos humanos y sus garantías", así como el propio artículo 4° del mismo ordenamiento
legal, garantiza el ejercicio pleno y la no discriminación de los derechos y libertades fundamentales, haciendo efectivo el principio de igualdad. En el mismo sentido,
el Estado mexicano tiene como deber, incorporar los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano en su labor jurisdiccional, entre los cuales se pueden
destacar: La Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem do Pará), y a nivel nacional encontramos por citar algunos: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con todo y lo anterior, es que la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur,
tiene como fin la implementación y seguimiento de programas de institucionalización y consolidación de la perspectiva de género en las políticas del poder judicial de
estado de Baja California Sur.