Introducción
Bienvenidas y bienvenidos a esta línea del tiempo sobre el desarrollo institucional del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, ahora con motivo de su Quincuagésimo Aniversario.
Una vez que la entidad adquirió la categoría de Estado Libre y Soberano, mujeres y hombres profesionales del Derecho han dedicado parte de su vida a la prestación del servicio de impartición de justicia y solución de controversias en Baja California Sur que, desde la Independencia de México, estuvo a cargo del Tribunal Superior del Distrito Federal.
Entre los meses de octubre de 1974 y abril de 1975 un Tribunal Superior de transición se encargó de la construcción de los primeros cimientos del Poder Judicial, el cual fue integrado por los Magistrados Guillermo Mercado Romero, José de Jesús Hernández Gómez y Jesús Sáenz Juárez, designados por el Gobernador Constitucional Provisional Félix Agramont Cota.
Una vez que se promulgó la Constitución local el 15 de enero de 1975, el Congreso del Estado designó -a propuesta del entonces Gobernador del Estado Ángel César Mendoza Arámburo- a los miembros del Primer Tribunal Superior de Justicia por Decreto Promulgado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 16 de abril de 1975.
Ese honor correspondió a los abogados Matías Amador Moyrón, Rubén Alejo Aréchiga Espinoza, José Hernández Gómez y Jesús Sáenz Juárez.
A partir de entonces, 43 personas han ocupado las magistraturas en el H. Tribunal Superior de Justicia, de las cuales 9 han sido mujeres y, dos de ellas lo han presidido; quienes ha dirigido la labor de Juezas y Jueces del Fuero Común, así como de las personas servidoras públicas de la rama administrativa en los cinco Partidos Judiciales.
Esta Ruta por el Tiempo tiene como propósito destacar las importantes transformaciones que durante cinco décadas ha impulsado cada generación de presidentes y presidentas del Tribunal Superior.
A aquellos que ya no se encuentran entre nosotros, rendimos también un homenaje.
Al Lic. Matías Amador Moyrón le correspondió sentar las bases de organización de esta institución y promover la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1977, y establecer el Juzgado Mixto Menor de Guerrero Negro, el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia en La Paz y se cambió de residencia del Juzgado de Paz de San José del Cabo a Cabo San Lucas.
Correspondió al Lic. José de Jesús Hernández Gómez implementar las bases establecidas en la primera Ley Orgánica del Poder Judicial y comenzar el desarrollo de nuevos Juzgados en la entidad como el Juzgado Primero Penal en La Paz 1978.
El Lic. Jesús Sáenz Juárez emprendió la tarea de actualizar la legislación orgánica de la institución, encauzando reformas para establecer los Partidos Judiciales, así como para establecer que los periodos de cada presidente del Tribunal Superior.
Estableció el Juzgado Mixto Menor en Bahía Tortugas, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Los Cabos y el Juzgado Mixto de Paz en San Ignacio.
Durante la presidencia del Lic. Adolfo Octaviano Aragón Mendía se impulsaron las actividades de Visitaduría Judicial encabezada por los propios Magistrados y Magistradas en todos los juzgados de la entidad y se concretó la segunda Ley Orgánica del Poder Judicial de 1983. En su gestión se instaló el Juzgado Primero del Ramo Familiar en La Paz y el Juzgado Mixto Menor de Loreto en 1984.
Durante la gestión del Lic. Armando Antonio Aguilar Ruibal promovió en 1985 la creación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y se crearon dos Salas Mixtas del Tribunal Superior integrada por 2 magistrados cada una. Del mismo modo se previó que en cada Partido Judicial habría cuando menos un Juzgado Mixto de Primera Instancia con competencia en materia civil, familiar y penal.
Se amplió la jurisdicción del Juzgado Mixto Menor de Guerrero Negro; y se crearon tres nuevos juzgados en La Paz: Juzgado Segundo Penal, Juzgado Segundo Familiar y Juzgado Tercero Civil, así como el Juzgado II Mixto de Primera Instancia en Ciudad Constitución y se elevó de categoría del Juzgado de Paz de Cabo San Lucas a Juzgado Mixto Menor.
En su etapa se generaron políticas para actualizar la estructura orgánica de la institución. Se puso particular importancia en la profesionalización de las personas servidoras públicas y reforzar la práctica de revisiones a los órganos judiciales en todos los Partidos Judiciales, y; en su gestión, se promovió la ampliación de la plantilla de personas servidoras públicas para fortalecer los órganos judiciales existentes.
Se gestionó una la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 1990 y se expidió el primer Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial para formalizar procedimientos y la organización interna, impulsando la Biblioteca Judicial y la elevación de la categoría del Juzgado de Paz de Bahía Tortugas a Juzgado Mixto Menor.
Considerando que eran relevantes los nuevos modelos de innovación tecnológica, dio los primeros pasos para la sistematización del Poder Judicial en materia informática e introduciendo equipos de cómputo en las distintas áreas judiciales y administrativas.
El Lic. José Enrique Valerio Ortega Romero dirigió sus esfuerzos como Presidente del Tribunal a consolidar la gestión judicial y dar apertura a la sociedad en la canalización de sus principales demandas en las ya crecientes solicitudes de atención a las controversias entre los particulares.
Durante esta etapa se desplegó una importante revisión presencial de los trabajos en los juzgados para modernizar los procedimientos civiles, familiares, mercantiles y penales; y se instrumentaron las visitas a las personas privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social.
En su gestión formalizaron actuales cinco Partidos Judiciales, se promovió la una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en 1996 y formalizó el Archivo Judicial.
Le correspondió participar en la Asamblea Nacional Extraordinaria Constituyente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, en octubre de 1995.
Formó nuevas áreas, tales como la Dirección de Recursos Humanos que inició sus funciones en febrero de 1997, y otras dependencias como las Direcciones de Finanzas y Comunicación Social.
Promovió que el Juzgado Mixto Menor de Loreto se convirtiera en Juzgado de Primera Instancia y que el Juzgado Mixto Menor de Cabo San Lucas fuese Juzgado Mixto de Primera Instancia.
Constituyó el Juzgado Mixto Menor de Valle de Vizcaíno; elevó de categoría el Juzgado de Guerrero Negro en Juzgado de Primera Instancia; y conformó el Juzgado Menor Civil y Familiar en La Paz.
Esta Presidencia se puede considerar histórica en cuanto a que una mujer encabezó, por primera vez, los trabajos del Tribunal Superior de Justicia. La Lic. Guadalupe de Jesús Elizondo Hernández trabajaría en este lapso para encauzar modificaciones a Ley Orgánica del Poder Judicial en materia electoral.
Transcurrido este periodo, la Lic. Elizondo volvería a ocupar la Presidencia entre los años 1999 2008, etapa llena de importantes logros.
La Presidencia a cargo del Lic. Carlos Meda Millán se caracterizó por impulsar la modernización digital del Boletín Oficial, así como de la operación de las Oficialía de Partes y el Archivo Judicial.
Durante su gestión se creó el 20 de octubre de 1998 el Juzgado Penal en Cabo San Lucas y el Juzgado Mixto de Primera Instancia limita su competencia a Civil y Familiar.
Intervino en la actualización de la Ley Orgánica en 1999 y logró que el Juzgado Mixto Menor de Valle de Vizcaíno pasara a ser Juzgado Mixto de Paz y que se formara el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cabo San Lucas.
Estableció la Central de Actuarios en La Paz; el Juzgado Tercero Penal en La Paz; el Juzgado Segundo Menor Civil y Familiar en La Paz; y que el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cabo San Lucas cambiase a Juzgado II Civil y Familiar.
En el 2001 estableció el Centro Estatal de Justicia Administrativa, el cual había iniciado sus operaciones como Centro de Mediación, siendo éste el tercer órgano de su tipo en haberse constituido en México, solo después de sus homólogos en los Estados de Quintana Roo (1999) y Querétaro (2000); y el segundo en haberse integrado en forma posterior a un proceso de formación especializada de las y los mediadores a cargo del Instituto de Mediación de México y de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Instrumentó la creación de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa y encauzó la conformación de las Salas Unitarias en dos Salas Unitarias Civiles, dos Salas Unitarias Penales, una Sala Unitaria en Justicia para Adolescentes y una Sala Unitaria de Justicia Administrativa.
Implementó diversas reformas aprobadas por el Congreso del Estado en materia de procedimientos civiles, del Código Penal y de la Ley de Justicia para Adolescentes.
Renovó diversos procesos institucionales y la implementación de diversas reformas nacionales para implementar el sistema penal acusatorio, los juicios orales mercantiles y la judicialización de los procedimientos laborales. Coordinó los trabajos para instituir el Consejo de la Judicatura en 2017 como resultado del Congreso del Estado publicado el 31 de diciembre de 2016.
Dio cauce a la formación del Instituto de Estudios Jurídicos, ahora Escuela Judicial; y la formación de dependencias, entre otras, la Dirección de Planeación, Contraloría, Central de Consignaciones de Pensiones Alimentarias, el Centro de Convivencia Familiar, Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, y la Unidad de Transparencia.
Encauzó la emisión del Plan Estratégico del Poder Judicial 2024-2025 de diciembre del 2023, así como el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura y el Catálogo General de Puestos de ese mismo órgano.
Estableció el Comité de Administración de Riesgos y Mejora Continua, la Unidad Interna de Protección Civil, el Comité Interdisciplinario de Información Estadística, el Centro de Convivencia Familiar de Los Cabos, la Coordinación Estatal de los Profesionales de la Psicología y Trabajo Social, y el Juzgado Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres en el Partido Judicial de La Paz.
Se promovieron reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2024 para armonizarla en materia de adquisiciones, obra pública y sistema de archivos; y se emitieron los Reglamentos para la Administración del Inventario de Bienes Muebles en Posesión y para el Tribunal Electrónico o e-Tribunal.
La Mtra. Claudia Jeanette Cota Peña, la segunda mujer en ostentar la Presidencia del H. Tribunal Superior de Justicia en cincuenta años, inició su gestión en el marco de la reforma constitucional estatal publicada el 11 de julio del 2024, mediante la cual se determinó que la elección de la titularidad del mismo será de manera alternada entre géneros.
En febrero del 2025 se renovó la integración del Consejo de la Judicatura, donde cada Comisión ha reestructurado sus programas en materia de disciplina, vigilancia, carrera judicial, transparencia, estadística y tecnologías de la información.
Iniciada así una nueva era de paridad en el Poder Judicial, tanto en la conducción del Tribunal como del Consejo de la Judicatura, se ha dado paso a la revisión de estructuras jurisdiccionales y administrativas, así como de control interno. Por ello se ha reafirmado el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas mediante la implementación de cursos en materia de ética pública, responsabilidades de las personas servidoras públicas y combate a la corrupción.
En particular se impulsa el proyecto de Justicia Itinerante y de Justicia Inclusiva, renovando las políticas del Centro Estatal de Justicia Alternativa en el marco de la nueva Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias.
En un momento histórico donde la equidad y el respeto a los derechos humanos demandan una atención prioritaria, se han celebrado dos Concursos de Sentencias con Enfoque de Género, No Discriminación y Derechos Humanos como una gestión que busca transformar la administración de justicia en la entidad.
Se expidió un nuevo Catálogo de Trámites y Servicios en diciembre del 2024 para facilitar a las personas usuarias la gestión de asuntos en materia de pensiones alimentarias, quejas y denuncias, registro de peritos, así como para los depósitos o consignaciones de dinero ante órganos jurisdiccionales.
Se ha puesto especial atención a un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para prevenir y mitigar aquellos casos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales. Del mismo modo se modernizó el Programa Operativo de Mejora Regulatoria y se fijaron Lineamientos para el Manejo del Fondo Fijo o Revolvente del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.
Dada la importancia de la atención de grupos vulnerables, se emitió en diciembre del 2024 el Reglamento de la Coordinación Estatal de los Profesionales de la Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial; y se ha elaborado el proyecto de Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Última actualización: 2025-Abril-21
